En el requerimiento enviado al parlamento local el viernes 19 de julio, el Alcalde resaltó “la imperiosa necesidad y urgencia” de una intervención desde el ámbito legislativo ante la “gravedad de la situación en un evidente desamparo asistencial” que perjudicó a “las 46.900 cápitas de PAMI en Florencio Varela, en su mayoría con patologías crónicas”.

Tras el pedido formulado por la máxima autoridad distrital, pautaron un encuentro en el recinto "Islas Malvinas Argentinas” para esta tarde: lunes 22 de julio, a partir de las 17 hs., bajo la premisa de analizar los inconvenientes provocados a adultas y adultos mayores luego de la mencionada determinación.

Además, el Intendente envió a la Unidad de Gestión Local XXXVII perteneciente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados una nota formal donde planteó la relevancia de retrotraer una decisión que calificó de "unilateral, errónea e inconsulta por un desconocimiento de la realidad de sus afiliados y afiliadas".

"La resolución generó, por ejemplo, una sobrecarga en la atención del sistema público municipal y provincial debido a la falta de respuestas en una clínica del sector privado en el partido que percibió el pago correspondiente por prestaciones que dejó de brindar", detalló el titular en el Ejecutivo varelense.

Con el objetivo de revertir la medida con un impacto negativo en una franja etaria vulnerable de la población, la primera figura en la Intendencia presentó hoy un recurso de amparo en la Justicia federal. Una acción que fue respaldada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la sede del organismo en el distrito.

"Desde un principio, me opuse rotundamente a una disposición que avasalló los derechos de vecinos y vecinas al quitarles la asistencia en un contexto crítico", sentenció el Jefe Comunal quien aguardó "una solución acorde al perjuicio originado en un aspecto vital como la salud".