En ese contexto, las autoridades describieron el escenario actual en sus jurisdicciones y esbozaron lineamientos congruentes para desarrollar una estrategia multilateral en futuras intervenciones. Además, efectuaron una síntesis de la realidad en el Conurbano donde, como ocurrió en los últimos años, pero con menor grado de intensidad, se han producido tomas de tierras ilegales. Esta problemática estructural de falta de vivienda en la provincia de Buenos Aires se ha agravado fuertemente durante los últimos cuatro años.

“Diagramamos acciones preventivas para impedir este tipo de actos ilegítimos. Definimos un plan con alertas tempranas y etapas tanto a corto, mediano como largo plazo e involucramos a todos los actores necesarios para aplicar una solución al tema”, detalló la máxima autoridad distrital.

“Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional pero este no se soluciona con intrusiones ilegales”, afirmó Kicillof y agregó: “El Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas.  Necesitamos además que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”.

Como resultado del encuentro, fijaron un plan de acción que incluyó la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA, de modo de dar un abordaje integral a la problemática con acciones de carácter coyuntural y estructural.

Dentro de las acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional.

En relación con las políticas estructurales, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anunció la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas en el marco del Programa “Provincia en Marcha” para los años 2020 y 2021. Se reiniciarán 5.700 viviendas cuya construcción había sido interrumpida por la gestión anterior y se construirán 2.300 nuevas viviendas, con financiamiento nacional y provincial. Por su parte, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) está llevando a cabo el plan de urbanización de barrios populares en 14 distritos de la Provincia.

Asistieron a la reunión el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, la ministra de Gobierno, Teresa García, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, más los intendentes Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliardi (Berisso), Juan José Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan Andreotti (San Fernando).